El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación encabezaron este mediodía en la
sede del ministerio el acto público de resarcimiento por el asesinato del
comisario mayor Jorge Omar Gutiérrez, ocurrido el 29 de agosto de 1994.
El intendente de Quilmes y hermano de la víctima, Francisco
Gutiérrez destacó la importancia de este hecho y sostuvo que “ahora le toca a la justicia reabrir el
caso, investigar y hacer un juicio como corresponde en democracia para que se
penalice a los responsables”. Por eso les pedimos a los jueces de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y de la provincia de Buenos Aires que analicen
y resuelvan, deben abrir el caso para que los asesinos y autores intelectuales
vayan presos. Hay que investigar las empresas que eran dirigidas por Julio
Gutiérrez Conte”.
Redacción Cambio21.- viernes 20 de
marzo de 2015.-
La ceremonia estuvo presidida por
el ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak quien aseguró que “el acto es para pedir perdón a la familia
Gutiérrez por no haber cuidado a un hijo de la Argentina que trabajó contra las
mafias” y manifestó la
voluntad de que “se puedan revisar los casos emblemáticos de impunidad”.
También estuvieron presentes en
el acto acto de "responsabilidad
internacional del Estado argentino", en cumplimiento de la sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el secretario de Derechos
Humanos, Martín Fresneda, el presidente del Centro de Estudios Legales y
Sociales, Horacio Verbitsky; familiares de Jorge Omar Gutiérrez; autoridades
nacionales, provinciales, municipales; integrantes de Derechos Humanos e
invitados especiales.
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Gutiérrez: “El crimen de mi hermano lo armaron las instituciones”
El intendente Gutiérrez dijo que “en el acto que se realizó hoy hicieron una
propuesta muy concreta de un proyecto de ley para que estos casos puedan
reabrirse cuando se demuestra que hubo un juicio fraudulento. En el caso de mi
hermano, nosotros estamos contentos por este reconocimiento del Estado
argentino y ahora les pedimos a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y de la provincia de Buenos Aires que analicen y resuelvan, deben
abrir el caso para que los asesinos y autores intelectuales vayan presos. Hay
que investigar las empresas que eran dirigidas por Julio Gutiérrez Conte. La
responsabilidad de este empresario se puede establecer porque hay documentación
presentada en los tribunales, tanto en el juicio por el asesinato de mi hermano
como en otras causas que demuestran que había maniobras ilegales a través de lo
que se conocía en los años 90 como la aduana paralela y que es justamente lo
que mi hermano investigaba. El crimen de mi hermano lo armaron las
instituciones, los sectores de la policía Federal y bonaerense con complicidad
judicial, para que no se conociera lo que se importaba y exportaba en forma
ilegal, como drogas y otras cosas. Esto es lo que se demostró en el juicio que
llevó adelante la comisión de Derechos Humanos de la OEA y la Corte
Interamericana. El Estado argentino ha reconocido que ha habido falta de
justicia, negación de justicia, y que no se avanzó en la investigación de por
qué lo mataron, qué estaba investigando, qué era lo que pasaba, quiénes fueron
los que se complotaron para asesinarlo. Ahora le toca a la justicia reabrir el
caso, investigar y hacer un juicio como corresponde en democracia para que se
penalice a los responsables”.
Asimismo, el jefe comunal destacó
el apoyo del CELS en la lucha por la verdad y la justicia que emprendió la
familia Gutiérrez: “Hace 20 años
que nos viene acompañando con sus profesionales, con sus abogados, quiero
nombrar especialmente al compañero Horacio Verbitsky que nos acompañó a lo
largo de los distintos gobiernos con imparcialidad e independencia”.
Un punto de partida
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Por su parte, David Gutiérrez,
uno de los hijos de Jorge Omar Gutiérrez, aseguró que “es un momento muy emotivo para toda la
familia porque nosotros sabemos muy bien lo que fue mi papá en vida y nos llena
de orgullo que ahora sea el Estado argentino quien esté reconociendo su
trayectoria, su trabajo honesto, su vida y su lucha. Para nosotros esto es un
punto de largada, después de 20 años de impunidad argentina ahora, a partir de
este reconocimiento, contamos con el acompañamiento del Estado para solicitar a
la justicia la reapertura de la causa. Hoy la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y de la Provincia tienen en sus manos un caso paradigmático como es el
del asesinato de mi padre que involucra a la mafia en pleno: empresarios
corruptos, jueces corruptos, la policía, que matan personas honestas para meter
la droga en el país. Queremos que la justicia actúe. El crimen de mi papá fue
un crimen político del Estado de los 90, del cual participaron fuerzas del
Estado, jueces y policías. Queremos que se investigue porque esa mafia hoy no
está desarticulada, sino que sigue operando y con mayor violencia”.
En tanto Nilda Maldonado, esposa de Jorge Omar
Gutiérrez, dijo: “Creo que este es el comienzo de una lucha que lleva
20 años, se empiezan a reparar cosas que fueron ocultadas durante mucho tiempo.
Siempre nos mantuvimos firmes en la lucha por la justicia y la verdad. Hoy el
Estado argentino se hace cargo de lo que ocurrió. Pedimos la reapertura del
juicio, que se vuelva a investigar y que el asesino, Daniel Alejandro
Santillán, sea juzgado como corresponde”.
Fresneda: “Hubo falta de Justicia”
Finalmente, el secretario de
Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda sostuvo que “en el marco de una sentencia contra el
Estado argentino, el Estado Nacional debe estar a la altura de las
circunstancias y decirle a la comunidad internacional que esa sentencia es
justa porque el Estado argentino no ha cumplido en veinte años el objetivo de
lograr justicia para el caso de Jorge Omar Gutiérrez, comisario que ha luchado
en contra de las mafias y que ha sido asesinado vilmente.
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Cuando digo Estado
argentino, aclaro muy bien, digo poder ejecutivo, legislativo y judicial, y en
este caso falló el poder judicial que no ha brindado justicia, y
paradójicamente somos el poder ejecutivo los que tenemos que asumir esa
responsabilidad, pero la asumimos con la certeza de que estamos haciendo lo
correcto, porque asumir la responsabilidad en un caso como este es asumir que
hay falencias pero que se pueden cambiar las cosas. Reparar es poder decirle
también a la justicia que investigue, que logremos la verdad, no es posible que
en Argentina quienes luchan sean asesinados, no se puede clausurar la verdad por
la desidia, es una tarea pendiente y estaremos al lado de los familiares
pidiendo justicia. El acto de reconocimiento no es un punto de llegada donde el
Estado le dice a la familia “lo lamento mucho, en tu país no vas a tener verdad
ni justicia”; muy por el contrario, esto debe ser un punto de partida, debe
saberse la verdad y debe haber justicia”.
Jorge Omar Gutiérrez
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El 29 de agosto de 1994 Jorge
Omar Gutiérrez fue asesinado cuando viajaba a su casa después de prestar
servicios en la Comisaría Nº 2 de Avellaneda. En consecuencia, se abrió una
investigación penal que todavía hoy sigue en curso sin que a la fecha haya
arrojado una respuesta satisfactoria. La familia Gutiérrez enfrentó
innumerables adversidades durante todo el proceso judicial, no obstante con
coraje y constancia continuó luchando para que se avanzara en la investigación
del hecho y se sancione a los responsables. Fueron señalados como autores del
asesinato de Gutiérrez dos agentes de fuerza de seguridad. La investigación
comprometía a agentes de policía y a funcionarios gubernamentales de alta
jerarquía. La falta de respuestas por parte del poder judicial llevó a los
familiares de Jorge Omar Gutiérrez a acudir al sistema interamericano de
protección de derechos humanos en el año 1999. El proceso internacional,
signado por la vocación de la familia Gutiérrez y del Estado argentino de
remover todos los obstáculos para el conocimiento de la verdad, identificación,
juzgamiento y sanción de los responsables del homicidio de Jorge Omar Gutiérrez
y la debida reparación de las víctimas, culmina con el dictado de la sentencia
de la Corte IDH.
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